Especialistas de Valencia & Asociados advierten que la impunidad prevalece debido a vacíos legales y falta de capacitación en fiscalías; la asesoría jurídica temprana es clave para recuperar activos
Por: Rodrigo Pujol Del Toro
El ecosistema de las inversiones digitales en México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Entre 2022 y 2025, las denuncias por fraudes vinculados a plataformas digitales y activos virtuales crecieron un alarmante 300%, según datos de la CONDUSEF. Bajo promesas de rendimientos extraordinarios, esquemas como el “pig butchering” (fraude romántico-financiero), plataformas falsas de trading y criptomonedas sin respaldo han dejado a miles de ahorradores en la vulnerabilidad total.
A pesar de la magnitud del fenómeno, el sistema de justicia mexicano parece ir un paso atrás. La falta de una tipificación específica para delitos digitales financieros y la escasa capacitación de las fiscalías para rastrear transacciones en blockchain facilitan que la mayoría de estos casos queden impunes.
El muro de la impunidad y el silencio de las víctimas
La persecución penal de estos delitos enfrenta obstáculos estructurales, desde la competencia jurisdiccional cuando los criminales operan desde el extranjero, hasta la dificultad técnica para congelar billeteras digitales. Sin embargo, uno de los mayores aliados de los defraudadores es el silencio.
“Gran parte de las víctimas no denuncian por vergüenza o porque creen que recuperar su dinero es imposible. Esas creencias son falsas. Documentar lo ocurrido y acudir a asesoría penal especializada puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia”, explica Lesly Valencia, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas.
Ruta crítica: ¿Cómo actuar ante un fraude?
Especialistas en derecho penal subrayan que los primeros pasos tras detectar el fraude son determinantes para lograr el congelamiento de cuentas. Las recomendaciones clave incluyen:
- Documentación total: Guardar capturas de pantalla, comprobantes de transferencia y contratos.
- Evitar la confrontación: No contactar al operador para exigir el dinero, ya que esto facilita la fuga de activos.
- Denuncia formal: Acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la fiscalía estatal correspondiente.
- Asesoría especializada: Buscar abogados expertos en activos digitales para explorar medidas cautelares inmediatas.
Un sistema penal que debe evolucionar
Mientras el marco normativo mexicano no se actualice para alcanzar la velocidad de los delincuentes digitales, el riesgo financiero seguirá latente. La profesionalización de peritos en activos digitales y la creación de fiscalías especializadas son urgencias nacionales. En este contexto, la prevención y la asesoría jurídica ética se convierten en el único escudo real para proteger el patrimonio de los inversionistas.
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