La diputada Evelyn Sánchez presenta una reforma histórica para proteger bordados y patrones tradicionales como patrimonio cultural, cerrando el paso al plagio de empresas nacionales e internacionales
Por: Redacción
En un esfuerzo por salvaguardar la identidad y los derechos culturales de los pueblos originarios, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez ha presentado ante el Congreso de Baja California una iniciativa para blindar jurídicamente los diseños textiles indígenas. Esta reforma busca modificar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado para reconocer estas creaciones como bienes protegidos y frenar la explotación comercial desmedida que han sufrido diversas comunidades en el país.
La legisladora denunció que empresas, tanto en México como en el extranjero, han comercializado símbolos y patrones tradicionales sin autorización ni retribución económica para los creadores originales, una problemática que ya ha afectado a estados como Oaxaca, Yucatán y Puebla.
Propiedad intelectual colectiva y cosmovisión
La propuesta legislativa no solo ve en los textiles una pieza artesanal, sino una extensión de la memoria y la historia de los pueblos. Los puntos clave de esta iniciativa incluyen:
- Definición jurídica: Se reconocerán como diseños textiles las creaciones elaboradas con hilos, fibras o técnicas tradicionales por comunidades nativas o asentadas en el estado.
- Blindaje ante el plagio: Al incorporarlos al catálogo de bienes protegidos, el gobierno tendrá facultades legales para su registro, defensa y preservación.
- Inscripción oficial: Los actos y declaratorias relacionados con el patrimonio cultural deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para garantizar su validez legal.
- Identidad y respeto: Se reconoce que cada color y figura refleja la cosmovisión y el conocimiento transmitido de generación en generación.
Hacia un marco jurídico actualizado
Además de la protección de los diseños, la reforma pretende armonizar la legislación vigente con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 2021. Esto implica actualizar las facultades del Instituto de Cultura del Estado y coordinar esfuerzos con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para asegurar que cualquier violación a los derechos culturales sea sancionada.
De ser aprobada, Baja California se posicionaría como un referente nacional en la defensa de la propiedad intelectual colectiva, enviando un mensaje contundente: el patrimonio indígena no es una mercancía y su dignidad cultural no está a la venta.
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