La diputada de Playa del Carmen propone prohibir el uso mediático y electoral de la entrega de apoyos sociales en Quintana Roo para erradicar el asistencialismo con fines personales
Por: Redacción
En un movimiento que busca transformar la ética pública en Quintana Roo, la diputada local Majo Osorio, representante de Playa del Carmen, ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del estado. El objetivo es contundente: frenar el oportunismo político que utiliza las carencias ciudadanas como herramienta de promoción personal.
La propuesta legislativa plantea la incorporación del artículo 400 Bis, diseñado específicamente para prohibir la difusión pública de entregas de apoyos sociales cuando estas tengan fines de posicionamiento político, propaganda o promoción de imagen.
Dignidad por encima del “like”
La iniciativa de Majo Osorio surge como una respuesta al fenómeno del asistencialismo mediático, donde situaciones de vulnerabilidad suelen ser convertidas en contenido para redes sociales y campañas personales.
“La dignidad de las personas no puede seguir utilizándose como estrategia de marketing político”, sostiene el planteamiento impulsado por la legisladora playense.
La reforma es clara en su alcance: no impide la entrega de apoyos ni la documentación institucional necesaria para la transparencia y administración pública. Lo que busca erradicar es la construcción de narrativas personales basadas en la exposición mediática de la pobreza para generar beneficios electorales.
Un debate sobre la ética en la función pública
La propuesta ha comenzado a resonar en Quintana Roo, abriendo una discusión necesaria sobre el verdadero papel de los funcionarios. Sectores ciudadanos y políticos consideran urgente que el enfoque regrese al trabajo legislativo y a la construcción de soluciones de fondo, dejando atrás prácticas que priorizan la imagen del actor político sobre el bienestar real de la comunidad.
Con esta reforma, Majo Osorio se posiciona en el centro de un debate sobre la dignidad humana y los límites de la ayuda social, proponiendo un marco legal que proteja a las familias de ser utilizadas como piezas de comunicación política.
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